Por JUAN O. TAMAYO
jtamayo@elnuevoherald.com
LA HABANA -- Un tribunal cubano sentenció al disidente Darsi Ferrer a 15 meses de cárcel, pero lo envió el martes a su casa en lo que los activistas consideran una decisión para poner fin a su condición de prisionero político.
Ferrer, un médico que estuvo encarcelado 11 meses mientras esperaba juicio bajo cargos de posesión ilegal de materiales de construcción y de atacar a un vecino, cumplirá los próximos cuatro meses en detención domiciliaria.
Pero Ferrer dijo que no aceptaba la sentencia y prometió seguir sus actividades disidentes aunque lo vuelvan a encarcelar.
"Hoy mi compromiso con el pueblo cubano es mayor que cuando me encarcelaron'', afirmó. "Sé que en prisión todavía quedan muchos hermanos [disidentes] y miles de otros cubanos en prisiones bajo condiciones infrahumanas''.
"Yo no acepto ninguna condena. No he cometido ningún delito. Esto ha sido una gran arbitrariedad'', declaró Ferrer a El Nuevo Herald por teléfono desde La Habana.
Pero el hecho de ser liberado para que cumpla el resto de su sentencia fuera de la prisión fue considerado una señal positiva por otros activistas.
"El gobierno aprovechó el juicio para cerrar el caso porque si lo devuelven a prisión sería una marcha atrás en sus esfuerzos por mostrar un rostro un poco más amable en cuanto a los prisioneros de conciencia'', declaró el activista de derechos humanos Elizardo Sánchez.
En febrero, Ferrer, de 40 años, fue nombrado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, con sede en Londres, y recibió una mención honorable en el Premio Defensores de la Libertad del 2009, que concede el Departamento de Estado.
Los fiscales habían pedido una sentencia de tres años por los dos cargos, declaró su esposa, Yusnaimy Jorge. Los materiales de construcción se venden en el mercado negro y por lo general son robados de las empresas estatales.
Pero el gobierno de Raúl Castro ha estado negociando con la Iglesia Católica la liberación de algunos presos políticos, así como el traslado de otros a instituciones penales más cercanas a sus lugares de origen.
"No hay que ser adivino para asegurar que desde hace meses el gobierno tiene una política de evitar aumentar el número de prisioneros políticos'', dijo Sánchez desde La Habana.
Aunque Ferrer fue acusado de dos delitos comunes, él y sus partidarios han mantenido que el gobierno sólo ha querido silenciar su activismo político.
Ferrer es director del Centro de Salud y Derechos Humanos Juan Bruno Zayas y ha organizado marchas anuales en el centro de La Habana para celebrar el Día de los Derechos Humanos el 10 de diciembre.
El arresto de Ferrer también provocó quejas de activistas negros de todo el mundo, que acusaron al gobierno de Castro de no controlar el racismo en la isla.
El gobierno "siempre ha tratado de presentarlo como quiere, como un delincuente común'', afirmó Jorge a los periodistas tras el juicio de dos horas y media, al cual sólo pudieron asistir un puñado de familiares cercanos.
"Creo que lo que sucedió [en la sala] fue correcto, lo justo, lo que esperábamos desde el principio. Sólo queríamos reparar nuestra casa'', añadió Jorge, según reportes noticiosos desde La Habana.
Ferrer ha mantenido que los dos sacos de cemento y las cabillas halladas en su casa por la policía se las había dado un amigo que se marchó de Cuba antes de terminar un trabajo en su propia vivienda. Al parecer, un vecino lo denunció a las autoridades.
Unos 30 disidentes y otros familiares de Ferrer esperaban frente al tribunal durante la audiencia, junto con funcionarios de la Oficina de Intereses de Estados Unidos y de la embajada británica en La Habana.
Recientemente, el gobierno cubano liberó a Ariel Sigler Amaya, un disidente que enfermó en prisión y está confinado en una silla de ruedas. También transfirió a varios detenidos a prisiones más cercanas a sus familiares. Se espera que por lo menos otros cuatro sean trasladados la próxima semana. En Cuba hay unos 190 prisioneros políticos.
Ferrer, un médico que estuvo encarcelado 11 meses mientras esperaba juicio bajo cargos de posesión ilegal de materiales de construcción y de atacar a un vecino, cumplirá los próximos cuatro meses en detención domiciliaria.
Pero Ferrer dijo que no aceptaba la sentencia y prometió seguir sus actividades disidentes aunque lo vuelvan a encarcelar.
"Hoy mi compromiso con el pueblo cubano es mayor que cuando me encarcelaron'', afirmó. "Sé que en prisión todavía quedan muchos hermanos [disidentes] y miles de otros cubanos en prisiones bajo condiciones infrahumanas''.
"Yo no acepto ninguna condena. No he cometido ningún delito. Esto ha sido una gran arbitrariedad'', declaró Ferrer a El Nuevo Herald por teléfono desde La Habana.
Pero el hecho de ser liberado para que cumpla el resto de su sentencia fuera de la prisión fue considerado una señal positiva por otros activistas.
"El gobierno aprovechó el juicio para cerrar el caso porque si lo devuelven a prisión sería una marcha atrás en sus esfuerzos por mostrar un rostro un poco más amable en cuanto a los prisioneros de conciencia'', declaró el activista de derechos humanos Elizardo Sánchez.
En febrero, Ferrer, de 40 años, fue nombrado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, con sede en Londres, y recibió una mención honorable en el Premio Defensores de la Libertad del 2009, que concede el Departamento de Estado.
Los fiscales habían pedido una sentencia de tres años por los dos cargos, declaró su esposa, Yusnaimy Jorge. Los materiales de construcción se venden en el mercado negro y por lo general son robados de las empresas estatales.
Pero el gobierno de Raúl Castro ha estado negociando con la Iglesia Católica la liberación de algunos presos políticos, así como el traslado de otros a instituciones penales más cercanas a sus lugares de origen.
"No hay que ser adivino para asegurar que desde hace meses el gobierno tiene una política de evitar aumentar el número de prisioneros políticos'', dijo Sánchez desde La Habana.
Aunque Ferrer fue acusado de dos delitos comunes, él y sus partidarios han mantenido que el gobierno sólo ha querido silenciar su activismo político.
Ferrer es director del Centro de Salud y Derechos Humanos Juan Bruno Zayas y ha organizado marchas anuales en el centro de La Habana para celebrar el Día de los Derechos Humanos el 10 de diciembre.
El arresto de Ferrer también provocó quejas de activistas negros de todo el mundo, que acusaron al gobierno de Castro de no controlar el racismo en la isla.
El gobierno "siempre ha tratado de presentarlo como quiere, como un delincuente común'', afirmó Jorge a los periodistas tras el juicio de dos horas y media, al cual sólo pudieron asistir un puñado de familiares cercanos.
"Creo que lo que sucedió [en la sala] fue correcto, lo justo, lo que esperábamos desde el principio. Sólo queríamos reparar nuestra casa'', añadió Jorge, según reportes noticiosos desde La Habana.
Ferrer ha mantenido que los dos sacos de cemento y las cabillas halladas en su casa por la policía se las había dado un amigo que se marchó de Cuba antes de terminar un trabajo en su propia vivienda. Al parecer, un vecino lo denunció a las autoridades.
Unos 30 disidentes y otros familiares de Ferrer esperaban frente al tribunal durante la audiencia, junto con funcionarios de la Oficina de Intereses de Estados Unidos y de la embajada británica en La Habana.
Recientemente, el gobierno cubano liberó a Ariel Sigler Amaya, un disidente que enfermó en prisión y está confinado en una silla de ruedas. También transfirió a varios detenidos a prisiones más cercanas a sus familiares. Se espera que por lo menos otros cuatro sean trasladados la próxima semana. En Cuba hay unos 190 prisioneros políticos.
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