Mike Ward, presidente de IKEA North America Services, LLC, con sede en
Pennsylvania, participa en un evento en Denver, Colorado, en julio del
2007.
Juan O. Tamayo
jtamayo@elnuevoherald.com
Los seis legisladores cubanoamericanos en el Congreso exigieron el
martes una reunión urgente con el presidente de IKEA para el área de
Norteamérica, a fin de discutir si en efecto la compañía utilizó mano de
obra de presos en la isla para hacer muebles en la década de 1980.
“Es responsabilidad de cada compañía asegurar que sus productos y sus componentes respectivos provienen de fuentes responsables de mano de obra”, escribieron los dos senadores y cuatro representantes en carta a Mike Ward, presidente de IKEA North America Services, LLC, con sede en Pennsylvania.
“Ciertamente, no deberían provenir de las tenebrosas prisiones de regímenes autoritarios que reprimen a su propia población, entre otras cosas negándole los derechos elementales de los trabajadores”, añadieron los legisladores.
La carta estaba firmada por los senadores Marco Rubio, republicano de la Florida, y Bob Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, así como por los representantes Albio Sires, demócrata por Nueva Jersey, y los republicanos del sur de la Florida Ileana Ros-Lehtinen, Mario Díaz-Balart y David Rivera.
“Queremos saber las circunstancias exactas que llevaron a IKEA a entrar en acuerdo con la dictadura castrista para construir algunos de sus muebles en Cuba”, afirmó un comunicado dado a conocer por la oficina de Ros-Lehtinen con motivo del envío de la carta.
“Estas son serias alegaciones y han causado mucha consternación en nuestras comunidades”, agregó el comunicado. “Los hermanos Castro han desgobernado a Cuba por más de medio siglo estableciendo un régimen tiránico que hostiga, golpea, encarcela, destierra y asesina a cualquier persona que se oponga”.
También indicó que las corporaciones multinacionales tienen una obligación moral de asegurar que sus operaciones comerciales no violen los derechos humanos.
“Esperamos recibir respuestas de IKEA a nuestras múltiples preocupaciones referente a estas acusaciones”, precisó el comunicado.
La portavoz de IKEA, Mona Liss, declaró que un alto directivo de las oficinas centrales de la compañía en Suecia se reuniría con los legisladores “muy pronto”.
La carta expresó que los seis miembros del Congreso querían la reunión “urgente” para discutir “informes recientes que alegan que IKEA se ha beneficiado o ha buscado beneficiarse a sabiendas del uso de mano de obra penitenciaria cubana para manufacturar sus productos”.
El respetado periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung reportó la semana pasada que la compañía de muebles y artículos para el hogar había cerrado un contrato para que presos cubanos hicieran 45,000 mesas y 4,000 juegos de sofás en septiembre de 1987.
Reporteros alemanes encontraron la información en archivos de la antigua República Democrática Alemana (RDA), ya que funcionarios de esa desaparecida nación comunista habían facilitado el acuerdo con Cuba. El Muro de Berlín fue derribado en 1989 y la RDA desapareció al año siguiente.
IKEA ya había estado investigando el pasado otoño reportes de que algunos de sus compradores habían firmado acuerdos para que presos de la RDA fabricaran muebles en los años 70 y 80.
Liss afirmó la semana pasada a El Nuevo Herald en un correo electrónico que IKEA ampliaría ahora esa pesquisa para incluir las informaciones sobre Cuba.
“Nosotros tomamos muy en serio estas alegaciones”, subrayó.
El periódico alemán reportó que documentos encontrados en los mencionados archivos mostraban que representantes de la RDA habían firmado un acuerdo con un funcionario identificado como el teniente Enrique Sánchez, a cargo de la EMIAT, una empresa cubana que empleaba mano de obra penitenciaria para hacer muebles.
Liss confirmó la semana pasada que IKEA había tenido acuerdos de naturaleza limitada con Cuba pero no relaciones de negocios a largo plazo con ningún fabricante de la isla.
“Hasta donde sabemos, solamente hubo compras ocasionales de prueba de una cantidad limitada de productos a proveedores cubanos a finales de los años 80’’, explicó.
El periódico alemán reportó que los primeros sofás hechos en Cuba tenían problemas de calidad, y que funcionarios de la RDA habían viajado a la isla caribeña para tratar de arreglar la situación.
Se ignora cuántos sofás y mesas fueron enviados finalmente a IKEA o si, incluso, llegaron a ser enviados.
“Es responsabilidad de cada compañía asegurar que sus productos y sus componentes respectivos provienen de fuentes responsables de mano de obra”, escribieron los dos senadores y cuatro representantes en carta a Mike Ward, presidente de IKEA North America Services, LLC, con sede en Pennsylvania.
“Ciertamente, no deberían provenir de las tenebrosas prisiones de regímenes autoritarios que reprimen a su propia población, entre otras cosas negándole los derechos elementales de los trabajadores”, añadieron los legisladores.
La carta estaba firmada por los senadores Marco Rubio, republicano de la Florida, y Bob Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, así como por los representantes Albio Sires, demócrata por Nueva Jersey, y los republicanos del sur de la Florida Ileana Ros-Lehtinen, Mario Díaz-Balart y David Rivera.
“Queremos saber las circunstancias exactas que llevaron a IKEA a entrar en acuerdo con la dictadura castrista para construir algunos de sus muebles en Cuba”, afirmó un comunicado dado a conocer por la oficina de Ros-Lehtinen con motivo del envío de la carta.
“Estas son serias alegaciones y han causado mucha consternación en nuestras comunidades”, agregó el comunicado. “Los hermanos Castro han desgobernado a Cuba por más de medio siglo estableciendo un régimen tiránico que hostiga, golpea, encarcela, destierra y asesina a cualquier persona que se oponga”.
También indicó que las corporaciones multinacionales tienen una obligación moral de asegurar que sus operaciones comerciales no violen los derechos humanos.
“Esperamos recibir respuestas de IKEA a nuestras múltiples preocupaciones referente a estas acusaciones”, precisó el comunicado.
La portavoz de IKEA, Mona Liss, declaró que un alto directivo de las oficinas centrales de la compañía en Suecia se reuniría con los legisladores “muy pronto”.
La carta expresó que los seis miembros del Congreso querían la reunión “urgente” para discutir “informes recientes que alegan que IKEA se ha beneficiado o ha buscado beneficiarse a sabiendas del uso de mano de obra penitenciaria cubana para manufacturar sus productos”.
El respetado periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung reportó la semana pasada que la compañía de muebles y artículos para el hogar había cerrado un contrato para que presos cubanos hicieran 45,000 mesas y 4,000 juegos de sofás en septiembre de 1987.
Reporteros alemanes encontraron la información en archivos de la antigua República Democrática Alemana (RDA), ya que funcionarios de esa desaparecida nación comunista habían facilitado el acuerdo con Cuba. El Muro de Berlín fue derribado en 1989 y la RDA desapareció al año siguiente.
IKEA ya había estado investigando el pasado otoño reportes de que algunos de sus compradores habían firmado acuerdos para que presos de la RDA fabricaran muebles en los años 70 y 80.
Liss afirmó la semana pasada a El Nuevo Herald en un correo electrónico que IKEA ampliaría ahora esa pesquisa para incluir las informaciones sobre Cuba.
“Nosotros tomamos muy en serio estas alegaciones”, subrayó.
El periódico alemán reportó que documentos encontrados en los mencionados archivos mostraban que representantes de la RDA habían firmado un acuerdo con un funcionario identificado como el teniente Enrique Sánchez, a cargo de la EMIAT, una empresa cubana que empleaba mano de obra penitenciaria para hacer muebles.
Liss confirmó la semana pasada que IKEA había tenido acuerdos de naturaleza limitada con Cuba pero no relaciones de negocios a largo plazo con ningún fabricante de la isla.
“Hasta donde sabemos, solamente hubo compras ocasionales de prueba de una cantidad limitada de productos a proveedores cubanos a finales de los años 80’’, explicó.
El periódico alemán reportó que los primeros sofás hechos en Cuba tenían problemas de calidad, y que funcionarios de la RDA habían viajado a la isla caribeña para tratar de arreglar la situación.
Se ignora cuántos sofás y mesas fueron enviados finalmente a IKEA o si, incluso, llegaron a ser enviados.
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