Una amenaza difícil de creer
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Después de las certezas que tenemos sobre actitudes anteriores similares demostradas por el matrimonio presidencial, con respecto a supuestos atentados en contra de su integridad, no creemos que la 
versión sobre supuestas amenazas recibidas en los equipos de comunicación del helicóptero presidencial sean ciertas.
Si así fuera, hay una negligencia evidente en el manejo de los sistemas de seguridad de la presidencia, lo que daría por tierra con las grandes inversiones que hace el gobierno para (supuestamente) alejarse de esos riesgos.
Los sistemas de comunicaciones utilizados por presidencia de la Nación son de altísima performance y constituyen complejos técnicos sumamente difíciles de interferir, pues en su mayoría utiliza tecnología digital, satelital y por salto de frecuencia, lo que implica la existencia de un equipo interferidor igual o superior y es inadmisible que alguien con esa tecnología utilice esos recursos para decir (simplemente) “maten la yegua”. Es realmente una estupidez. 
Ya lo vivimos en la campaña presidencial del 2003, cuando Kirchner “inventó” una persecución en su contra en Santa Cruz o en el 2007 cuando por casualidad, un alienado volcó un camión frente a su casa en Maipú y 25 de Mayo de Río Gallegos y pretendieron utilizarlo como excusa para argumentar un ataque a la familia y apoyar la teoría del magnicidio.
Es muy difícil creerle a un gobierno que se apoya en la mentira y la operación para victimizarse y mantener viva la teoría de los dos demonios. Es como el cuento del zorro, donde lo cierto resulta dudoso y en este caso, particularmente, resulta doblemente sospechoso que haya podido ocurrir un hecho cuya fuente es nada menos que un medio de íntima relación con el poder, como el diario de Daniel Hadad y su emisora Radio 10. 
El matrimonio presidencial tiene una enorme necesidad de instalar en la sociedad el fantasma del golpe, algo totalmente alejado de cualquier razonamiento básico en la política argentina de hoy, aunque totalmente en sintonía con los desvaríos de el loco Chávez. Sin embargo, las elucubraciones en este sentido le permiten a Cristina Fernández generar discursos potentes, recobrar el estilo confrontativo que los caracteriza y utilizar la cadena nacional para (de paso) filtrar la propaganda oficial y castigar a los sectores opositores.
Que un equipo de comunicación presidencial haya sido vulnerado por un loco del éter, no habla muy bien de la seguridad que tiene la presidenta. Si ello sucediera, tendrían que rodar las cabezas de los principales responsables dentro del anillo de seguridad presidencial. Si eso no ocurre, es obvio, el hecho nunca sucedió. 
Demás está decir que ningún Juez va a arribar a una conclusión lógica y menos aún acertada. Seguramente quedará en la nebulosa la culpabilidad solapada de alguna Fuerza militar o de seguridad, desde donde podrían haber partido los mensajes, teniendo en cuenta que si no son sistemas compatibles, las posibilidades de ser interferidos los equipos del Sikorsky son mínimas, en su mayoría los equipos presidenciales están dotados de códigos encriptados y secuenciales, algo impensable de interceptar con equipos convencionales de comunicación.
Queda, en último término, la posibilidad de que el intruso se encuentre dentro de la dotación restringida que tiene acceso a las comunicaciones presidenciales, sean éstos de Fuerza Aérea o de Seguridad presidencial. En este caso la cuestión es más sencilla de detectar pues los equipos tienen registros computarizados y el rastreo se determina rápidamente.
De todos modos, es muy sintomático que un medio afín al gobierno haya largado la versión como “amenazas” a la presidenta, cuando en realidad puede haberse tratado solo de alguien que hizo una manifestación fuera de lugar, aprovechando el acceso circunstancial a un equipos de los que se comunican con las aeronaves en vuelo.
A estas alturas, hablar de “amenazas” suena a la necesidad de abonar el campo político con las debidas sospechas de una conspiración, para impulsar acciones futuras sustentadas en cuestiones que tienen que ver con la seguridad presidencial, a la que nadie, obviamente, puede oponerse.
Ahora habrá que esperar si el Juez Federal Ariel Lijo que tiene a su cargo la causa puede desarticular rápidamente la duda que produce este hecho, antes que empiece a generar una paranoia oficial que justifique desde el gobierno la adopción de medidas exageradas en algún sentido o premeditadamente orquestadas para consolidar algún objetivo político que todavía no vemos. (Rubén Lasagno/OPI Santa Cruz)
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